Una muestra de cómo terceras personas deciden sobre la vida y los cuerpos de otras personas en el fin de la vida, en este caso la eutanasia.
“Estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento. Me río más, duermo más tranquila”, dijo Martha Sepúlveda a Noticias Caracol al saber que su petición para morir a través de la eutanasia había sido aceptada. Pero 36 horas antes de la que iba a ser su muerte, el Instituto Colombiano del Dolor (Incodol), con sede en Medellín, le informó a Sepúlveda que el procedimiento no iba a ocurrir.
Incodol dijo en un comunicado que revisó la situación y estableció que ella no cumple con el criterio “de terminalidad como se consideró en el primer comité”. Que se canceló el procedimiento porque ella “tiene altas probabilidades de expectativa de vida mayor a 6 meses”.
Martha iba a ser la primera persona en el país en recibir el procedimiento sin tener una enfermedad terminal. Ella ha luchado contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
La cancelación de la eutanasia de Sepúlveda fue “ilegal e irregular”, denunció este sábado Desclab, laboratorio social y jurídico de derechos humanos de Colombia.En un comunicado reportó que “la decisión fue tomada sin el conocimiento de Martha Sepúlveda en horas de la tarde del viernes 8 de octubre, 36 horas antes del procedimiento”.
Además, “Martha y su familia rechazan la decisión arbitraria e ilegítima tomada por la IPS Incodol y sus profesionales”.
En el documento de Desclab (al que pertenece la colombiana Camila Jaramillo Salazar, abogada de la mujer), se informó que Martha se enteró de la decisión a través de una comunicación impresa, enviada a su domicilio por correo físico el viernes 8 de octubre a las 8:00 pm.
El oficio, sin ningún tipo de justificación, sin sustento y sin los nombres ni firmas de los profesionales de la medicina involucrados, establece que el procedimiento fue cancelado.
El laboratorio social destacó que la colombiana “no solicitó este segundo Comité y rechaza la decisión. La cancelación de este procedimiento evidencia la falta de ética y profesionalismo de las personas contratadas por la IPS Incodol quienes, sin ningún reparo, 36 horas antes del procedimiento más importante y trascendental en la vida de Martha, deciden de manera ilegitima vulnerar sus derechos sin dar explicación alguna. Esta es una muestra de cómo terceras personas, sin ninguna legitimación, deciden sobre la vida y los cuerpos de otras personas en el fin de la vida”.
Mientras tanto en el país hay una polémica por la cancelación de la eutanasia, pues muchos opinan que le negaron la posibilidad de evitar sufrimiento a la mujer. Otros, en un país profundamente católico, dicen que el único en quitar la vida debe ser Dios.
“Esto es algo duro, indignante, irrespetuoso. Estamos golpeados, pero también en la disposición de seguir adelante”, le dijo a CNN Federico Redondo Sepúlveda, hijo de Martha Sepúlveda, desde Medellín.
“Mi mamá y yo estamos bastante consternados, indignados… porque fue una decisión sin siquiera notificarnos que el comité interdisciplinario iba a reunirse nuevamente“, agregó Redondo Sepúlveda.
Según él, su mamá volvió a su estado anterior de “desesperanza, de tristeza, de ansiedad de su futuro, porque le quitaron la seguridad que le habían dado (con la eutanasia) de poder tener un fin de su vida digno”.
Desclab denunció que “la muerte digna de Martha a través de la eutanasia, debía ser un procedimiento sencillo, lleno de amor y de tranquilidad en compañía de su familia. Por el contrario, se ha convertido en una vulneración de derechos fundamentales por parte del Sistema de Salud colombiano, particularmente por parte de la IPS Incodol”.
Es urgente verificar los Comités de Muerte Digna que se realizan en esta IPS y si los profesionales que participan deben recibir algún tipo de sanción disciplinaria por su actuar violatorio de los derechos fundamentales de Martha Sepúlveda.
Con información de CNN y EFE
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