Los abortos se reducen con prevención, no con criminalización
Una herramienta considerada la más importante sobre aborto que se haya desarrollado busca incidir directamente en la reducción de las muertes de mujeres a causa de abortos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó la presentación de la Base de Datos de Políticas de Aborto Global, una herramienta abierta e interactiva que busca erradicar el aborto inseguro y que tomadores de decisión de todos los países y entidades federativas puedan diseñar y ejecutar leyes y políticas públicas que se ajusten a las ‘Guías de Aborto Seguro’ de la OMS, así como a los estándares internacionales de salud y bienestar y de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. La plataforma está disponible para su consulta aquí.
Esta base de datos presenta la situación que guardan las leyes y políticas actuales en materia de aborto de los 213 países del mundo. México destaca en dicha herramienta ya que es el primero que también desglosa a detalle la información de cada una de sus 32 entidades.
“La Base de Datos ofrece un abordaje integral y verificable sobre las leyes y políticas de aborto para los Estados Miembros de la ONU y la OMS, para permitir al usuario el análisis de cada país dentro de un contexto global y de derechos en materia de salud y derechos humanos”, señaló Antonella Lavelanet, representante de la OMS y responsable de la Base de Datos de Políticas de Aborto Global.
En la plataforma es posible profundizar el análisis en materia de salud y de derechos sexuales y reproductivos e identificar las barreras a nivel legislación que enfrentan las mujeres para acceder a servicios de aborto seguro. Además, esta base de datos de la OMS incorpora las recomendaciones sobre el aborto de los órganos supervisores de tratados de Naciones Unidas, específicos a cada país.
Durante la presentación, Raffaela Schiavon Ermani, consultora en salud reproductiva de Ipas México — organización internacional no gubernamental que desde hace 46 años trabaja para aumentar la capacitad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos— destacó que la información internacional revela de manera clara y contundente que la criminalización no reduce la incidencia del aborto y sí aumenta los abortos inseguros, aunque la inseguridad del aborto también depende del acceso de salud en general, de la capacitación y sensibilización del personal de salud y del acceso a la información y la tecnología adecuada.
“Así como es importante saber que el aborto realizado en condiciones ilegales es inseguro, es igualmente importante saber que el aborto legal es muy seguro; esta segunda parte de la información no es tan clara, no se ha difundido de la manera adecuada” precisó Schiavon Ermani.
La consultora mostró dos gráficas de Estados Unidos y una de Francia en las que se evidencia que la muerte por aborto legal es de menos de una mujer por cada cien mil.
“El riesgo de morir por un aborto seguro es entre diez y treinta veces más bajo, según el país, que un parto o un embarazo a término. Esta información es vital para contrarrestar los argumentos de las personas que no le ofrecen un aborto legal a una niña violada porque es peligroso, cuando en realidad es más peligroso exponerla a la continuidad del embarazo” explicó Raffaela Schiavon.
Si se habla de muertes en números absolutos —muertes maternas y muertes por aborto— el aborto representa 7.5 por ciento de esos fallecimientos, y de esas muertes maternas y por aborto el 13 por ciento es entre niñas y adolescentes. “Si toda muerte materna es injusta, estas muertas son particularmente injustas y deberían ser prevenibles”.
Destacó que en donde hay menos atención sanitaria hay más riesgo de morir, y esa realidad es la que se vive en la región del sur y sureste y algunas del norte de México.
Raffaela Schiavon recordó que el único cambio legal significativo que ha tenido México en esta materia fue la despenalización del aborto en abril del 2007. “Desde entonces y hasta finales de 2018 fueron atendidas 205, 580 mujeres por interrupciones legales del embarazo (ILE), pero no todas son residentes de la Ciudad de México, sino que vienen de todo el país, sobre todo del vecino Estado de México (26 por ciento)”.
En México la tasa de incidencia de abortos a partir de 2007 (después de la despenalización) registrados aumentó drásticamente, pues se pasó de abortos clandestinos a abortos registrados, pero se estabilizó entre 2011 y 2012 y ahora se ve una disminución.
En la Ciudad de México antes de la despenalización el riesgo de muerte por la práctica de un aborto estaba aumentando, después ese riesgo disminuye de manera drástica, y a nivel nacional observamos un descenso gradual en el riesgo de morir por aborto. “A pesar de que no ha habido cambios importantes en el marco legal sobre el aborto hay una tendencia nacional a la baja” dijo Raffaela Schiavon Ermani, consultora en salud reproductiva.
El concepto de que el aborto legal es muy seguro ha sido confirmado por la Ciudad de México. “La cifra de cero muertes por más de 200 mil abortos seguros se alinea con las estadísticas internacionales.
“Los abortos se reducen con acciones preventivas y de acceso a servicio, no con leyes restrictivas. La criminalización no disminuye el número de abortos, solo pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres y las criminaliza. Los países que han fortalecido sus políticas públicas en materia de aborto han logrado importantes beneficios en la salud pública de su población”.
Fernanda Díaz de León, coordinadora de Políticas Públicas y Abogacía de Ipas México, resaltó que la nueva herramienta presentada por la OMS facilita la identificación de barreras, de lagunas y de contradicciones tanto en política pública como en las leyes en materia de aborto.
Esta herramienta informativa está considerada como la más importante sobre aborto que se haya desarrollado en el siglo XXI y que busca incidir directamente en la reducción de las muertes de mujeres a causa de abortos no seguros en territorio mexicano.
“Gracias a esta herramienta, México hoy cuenta con un diagnóstico puntual de la situación que guarda cada entidad en materia de aborto, a fin de avanzar en el diseño y la correcta ejecución de políticas públicas, con apego a estándares internacionales de salud y bienestar y de derechos humanos, partiendo de las ocho causales o situaciones permitidas en nuestro país para acceder a procedimientos de aborto legal. Esta herramienta nos permitirá mejorar en transparencia y rendición de cuentas e identificar los marcos normativos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos que requieren modificaciones para eliminar las barreras para el acceso de las mujeres” afirmó Fernanda Díaz de León, coordinadora de Políticas Públicas y Abogacía en Ipas México.
En México el acceso al aborto legal está sujeto a la legislación local de cada estado. Es por ello, que el país cuenta con distintos marcos que resultan ampliamente contrastantes y que, en algunas entidades, incluso contradicen las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos.
“Esto se traduce en un problema de discriminación e injusticia social contra las mujeres pues se valida el acceso desigual a los servicios públicos de salud dispuestos por el Estado. Mientras que las mujeres en la Ciudad de México pueden acceder a un procedimiento de interrupción legal del embarazo, seguro, legal y gratuito, los códigos penales de algunos estados colindantes no reconocen la posibilidad de que la mujer interrumpa el embarazo, aun cuando éste implique un grave daño a su salud”, finalizó Díaz de León.