La renta de vientres una opción ¿viable? para las mujeres

En la actualidad es muy común escuchar casos sobre la llamada maternidad subrogada o renta de vientres. Esta comienza cuando una clínica o agencia establece contacto con parejas que desean ser padres y una mujer dispuesta a rentar su cuerpo a cambio de dinero para gestar un bebé con el compromiso de entregarlo al nacer. Lo que no todos saben es que con esta práctica se da paso a una serie de acciones ilícitas que ponen en riesgo los derechos y la integridad de las mujeres y de los niños.

Esta práctica a nivel mundial

Debido a los riesgos para las mujeres, a la desprotección que enfrentan los niños y al fin lucrativo con el que diversas clínicas y agencias promueven esta práctica, la explotación reproductiva está prohibida en países desarrollados como Alemania, Francia, Italia, Austria, Finlandia, España y Suiza.

En países como Gran Bretaña, Sudáfrica y algunas provincias de Canadá y Estados Unidos se permite, pero sin fines de lucro. Sin embargo, a pesar de que se establecen amplios y costosos mecanismos de vigilancia, no se impide la realización de contratos que fijan el pago a cambio de la entrega de los niños, lo que constituye una mercantilización simulada.

En noviembre de 2015, el propio Parlamento Europeo condenó la práctica de la subrogación al considerar que vulnera la dignidad de la mujer cuando su cuerpo y sus funciones reproductivas son utilizadas como moneda de cambio, situación que implica una clara explotación reproductiva y el uso del cuerpo humano con fines lucrativos. [Fuente: Parlamento Europeo (2015). Informe anual sobre derechos humanos y democracia en el mundo 2014].

Diversas investigaciones académicas han constatado que en torno a la renta de vientres existe una amplia desigualdad entre los solicitantes y las mujeres gestantes, siendo que estas últimas la aceptan por necesidad económica. Dicha desigualdad se manifiesta también a nivel internacional al detectarse países demandantes (desarrollados) y países ofertantes (en su mayoría en vías de desarrollo, como es el caso de México). Esto motiva lo que se conoce como turismo reproductivo.

Llama la atención que los países ofertantes han adoptado cambios en sus legislaciones, derivado de los graves problemas que esta práctica conlleva.

Y es que, en efecto, al evidenciarse una serie de abusos e irregularidades, entre 2014 y 2016 en “destinos estrella del turismo reproductivo” como la India, Tailandia, Vietnam y Nepal, se presentaron diversas iniciativas para restringirla.

Consecuencias posibles

Sin embargo, esto dio pie a que el turismo reproductivo se trasladara a otros países, como México —particularmente al estado de Tabasco—, al tratarse de una entidad federativa con rezagos sociales importantes. Durante los últimos años, investigaciones periodísticas nacionales e internacionales han sacado a la luz casos de mujeres mexicanas que han sido víctimas de abusos, maltrato y engaños de aquellos que lucran con esta práctica.

Uno de estos casos es el de las hermanas Hernández: cuatro mujeres tabasqueñas que se dedican a rentar sus vientres, a pesar de reconocer el dolor y el miedo que les causa separarse de los bebés y la incertidumbre de no saber cómo están. Otro es el de una mujer que fue contagiada de VIH después de que en el proceso de subrogación se utilizara, sin su conocimiento, material genético infectado de VIH.

A pesar de que existen fuertes intereses económicos que intentan promover a la maternidad subrogada como una alternativa benéfica para aquellos padres que desean tener un hijo a toda costa, la realidad es que su prohibición es una medida de protección básica a los derechos humanos de las mujeres y de los niños involucrados, frente a los abusos, problemas de salud física y psicológica, explotación y demás riesgos de esta industria, que globalmente genera negocios jugosos en los que solo se benefician clínicas e intermediarios.

Sin duda, en México el tema debería ser de alta importancia para las autoridades, quienes deberían analizar los graves riesgos sociales detrás de esta práctica y diseñar las acciones necesarias para prohibirla, y así salvaguardar los derechos de las mujeres y de los niños.

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