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La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Vivienda que sustituye la expresión “vivienda digna y decorosa” por el concepto de “vivienda adecuada”, en línea con los estándares de la ONU y ONU-Hábitat.
El dictamen, impulsado por una iniciativa del Ejecutivo Federal y avalado por amplia mayoría, será turnado a la Mesa Directiva para su discusión en el pleno.
La idea es dejar de lado una fórmula genérica y adoptar un estándar con criterios objetivos para diseñar, financiar y evaluar la política habitacional en México.
Según la presidenta de la Comisión, Maribel Martínez Ruiz, se busca que este derecho social reconocido en la Constitución tenga mayor claridad y efectividad en la práctica.
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Los 7 elementos clave de la “vivienda adecuada”
El dictamen establece que una vivienda adecuada debe cumplir siete elementos fundamentales, retomando las directrices internacionales sobre el derecho a la vivienda:
- Accesibilidad
Que las viviendas consideren las necesidades de personas con discapacidad, personas mayores, niñas y niños, y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
- Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura
Acceso a agua potable, saneamiento, energía, manejo de residuos, materiales seguros y servicios básicos que garanticen una vida saludable.
- Habitabilidad
Espacios suficientes, estructura segura y protección frente a frío, calor, humedad y otros riesgos ambientales o físicos.
- Seguridad en la tenencia
Protección contra desalojos arbitrarios, fraudes, intimidación o abuso, y certeza jurídica sobre la posesión o propiedad.
- Asequibilidad
Costos de adquisición, renta o mantenimiento que no comprometan el acceso a otros derechos básicos como alimentación, salud o educación.
- Ubicación
Viviendas situadas en lugares que permitan acceso razonable a empleo, transporte, escuelas, servicios de salud y equipamiento urbano, lejos de zonas de riesgo extremo.
- Adecuación cultural
Que la vivienda respete la identidad cultural, las formas de vida y los materiales propios de cada región y comunidad.
Además, la reforma incorpora por primera vez la sostenibilidad mediante el uso de ecotecnias, es decir, tecnologías y soluciones que reduzcan impacto ambiental y mejoren la eficiencia en el uso de agua y energía.
Lenguaje más inclusivo y más personas con derecho
Otro cambio relevante es el ajuste del lenguaje para ampliar a quién se reconoce como sujeto de derecho. El texto sustituye palabras como “familia” por “persona” y “los trabajadores” por “las personas trabajadoras”, además de homologar términos como “ecotécnicas” a “ecotecnias”.
Con esto, la reforma busca que el derecho a la vivienda adecuada se entienda como un derecho individual y no solo familiar, y que las políticas lleguen tanto a personas trabajadoras como a cualquier persona que requiera resolver su necesidad habitacional. También se fortalece la idea de coordinación entre sectores público, privado y social para poner “en el centro a las personas”, como señalaron legisladores del PVEM.
Nuevas facultades para Infonavit, Fovissste y críticas por el financiamiento
La reforma amplía las facultades de organismos e instituciones de vivienda para adquirir, rehabilitar y construir casas, urbanizar terrenos, enajenar o arrendar viviendas, siempre que se “salvaguarde el patrimonio de los fondos” y los derechos de las personas trabajadoras. En la práctica, se abre la puerta a que Infonavit y Fovissste participen más directamente en proyectos de vivienda social y soluciones habitacionales diversas.
Sin embargo, diputadas y diputados de oposición han cuestionado el modelo de financiamiento. Señalan riesgos de que estos organismos se conviertan en constructores directos sin recibir recursos adicionales del gobierno federal, y advierten sobre el posible uso de los 2.4 billones de pesos acumulados en las subcuentas de vivienda para proyectos que podrían elevar la cartera vencida y afectar el ahorro de los trabajadores.
Expertos en pensiones y vivienda han subrayado que cualquier ampliación de facultades debe ir acompañada de reglas sólidas de gestión de riesgos para no comprometer los recursos que hoy respaldan créditos hipotecarios y la seguridad patrimonial de millones de personas.
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En términos simples, la reforma responde a tres preguntas clave:
- ¿Qué se entiende por vivienda adecuada?
Se fijan parámetros concretos (accesibilidad, habitabilidad, servicios, seguridad en la tenencia, asequibilidad, ubicación y adecuación cultural), más sostenibilidad con ecotecnias.
- ¿Quién tiene derecho?
Se amplia el lenguaje para reconocer a cualquier persona como sujeto del derecho a vivienda adecuada, no solo a “familias” tradicionales o “trabajadores” formales.
- ¿Cómo se va a ejecutar?
Se ajustan las facultades de Infonavit, Fovissste y otros actores para financiar, construir y gestionar vivienda, exigiendo que sus inversiones sean coherentes con el Programa Nacional de Vivienda y con diagnósticos de necesidades reales.
Si el dictamen avanza en el proceso legislativo, México podría pasar de un concepto genérico de “vivienda digna y decorosa” a un estándar de vivienda adecuada verificable y alineado con los derechos humanos, con el reto de hacerlo realidad sin poner en riesgo los ahorros ni la solvencia de los fondos de vivienda.
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